Desde la Organización para
la Liberación Argentina (OLA) expresamos nuestro más enérgico repudio al
proyecto que pretende regular a la protesta social, presentado por la bancada del
Frente Para la Victoria.
Una revisión de la historia nos muestra
como los derechos conquistados por el pueblo se lograron a partir de la
participación popular en las calles. La movilización y la protesta social son
parte fundamental de una democracia representativa donde el pueblo no tiene otros caminos para expresarse ante
aquellos que ocupan el lugar de la toma de decisiones, por ende conforman un
componente esencial por la ampliación y consolidación de los derechos sociales.
Suena paradójico que el
proyecto de ley presentado por el kirchnerismo, el cual busca la “convivencia
en manifestaciones públicas” hable fundamentalmente de convivencia cuando en la
etiología de la palabra es la acción de vivir con otros, y en la mayoría de los
reclamos sociales lo que se busca es vivir a secas, dignamente, con otros
millones que sufren a diario las
consecuencias de un modelo de entrega y sometimiento ante el imperialismo.
El gobierno busca criminalizar la protesta social
y reprimirla utilizado las fuerzas represivas que desde el retorno de la
“democracia” hasta el día de hoy han dejado 2224 muertes, según los datos de
CORREPI. Este mismo gobierno hace la vista gorda ante el accionar de esas
mismas fuerzas cuando cometen delitos de lesa patria como el narcotráfico, la
trata de personas, la violencia en el deporte y cientos de delitos que nuestro
pueblo sufre a diario.
La iniciativa, impulsada por
el diputado nacional Carlos Kunkel, junto a un grupo de legisladores del oficialismo,
consta de 34 artículos que proponen establecer "reglas precisas de
convivencia" para la ciudadanía ante manifestaciones públicas. El
objetivo, según sostuvo el diputado, sería “saldar una deuda legítima,
garantizando el derecho de los ciudadanos afectados por los cortes que causan
las manifestaciones públicas”, y “garantizar el ejercicio de los derechos de
libre expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de uso del
espacio público, así como la libre circulación e integridad física durante su
desarrollo”.
El proyecto prohíbe la
portación de armas de fuego de los agentes que estén directamente en contacto
directo con los manifestantes, pero establece que los agentes que la porten
deberán guardar una “distancia prudente” con los mismos, cuestión que resulta
demasiado ambigua.
La medida parece intentar
garantizar los derechos de unos sobre los otros y evidenciar una sociedad a dos
velocidades, con ciudadanos de primera, a quienes se les garantiza el libre
transito por la vía publica, y ciudadanos de segunda a quienes se le garantiza
la anulación de sus derechos comos seres humanos.
Entendemos que el derecho a
huelga y movilización es la base fundamental para garantizar los restantes
derechos ya reconocidos por la Constitución Nacional, tratados internacionales
y demás leyes, y resulta de una violencia injustificada la propuesta del
gobierno actual de comunicar las medidas a la autoridad policial, y de una
subestimación exagerada al pueblo en la gesta de movilizaciones espontáneas
producidas por la constante violación de los derechos humanos, la mentira y la
falta de compromiso de los políticos que pertenecen a esta democracia.
Asimismo determina que el
Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación, será quien evaluará la
legitimidad o ilegitimidad de la manifestación. Se crea una instancia de
mediación obligatoria, que, en cabeza de la autoridad ministerial, deberá
resolver el conflicto en un plazo máximo de dos horas. La declaración de
ilegitimidad o la falta de resolución de la instancia de mediación habilitan,
según el texto, la represión inmediata de la manifestación. Es decir, las
fuerzas de seguridad serán las encargadas de regular el derecho a la protesta,
profundizando indudablemente la criminalización de la conflictividad social.
No podemos asumir de ninguna
forma que sea una facultad del poder ejecutivo decidir la ilegalidad o
legalidad de una protesta expresada a través de una manifestación popular cuando
la crisis azota los bolsillos de los laburantes y ahorca a los precarizados y
desocupados, mucho menos cuando de esta calificación dependa la represión.
El aumento de la protesta
social es señal de descontento popular, de agotamiento de un modelo
civilizatorio occidental que propone mas esclavitud, desigualdad y violencia a
una sociedad que da muestras que necesita un cambio para sobrevivir, y así convivir,
pero esa convivencia está muy alejada de los sectores que son parte de este
modelo propositor de una vida indigna.
En nuestro sistema
constitucional el ejercicio de la libertad es la regla y la excepcionalidad es
la prohibición de determinadas conductas previamente anunciadas por medio de tipos
penales. Si para actuar, agruparse, demandar, concentrarse, discutir
colectivamente, se requiere obtener autorizaciones dependientes de la
discrecionalidad administrativa, esos “permisos” y “prohibiciones” nos remiten
a los formatos de estados dictatoriales y autoritarios.
Por estas razones rechazamos
de plano la propuesta que busca reglamentar la protesta social y exigimos el
desprocesamiento de los miles de luchadores populares, como así también la anulación
de la Ley Antiterrorista.
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