23 de abril de 2014

Rechazamos el proyecto que pretende regular la protesta social Desde la Organización para

Desde la Organización para la Liberación Argentina (OLA) expresamos nuestro más enérgico repudio al proyecto que pretende regular a la protesta social, presentado por la bancada del Frente Para la Victoria.

Una revisión de la  historia nos muestra como los derechos conquistados por el pueblo se lograron a partir de la participación popular en las calles. La movilización y la protesta social son parte fundamental de una democracia representativa donde el pueblo  no tiene otros caminos para expresarse ante aquellos que ocupan el lugar de la toma de decisiones, por ende conforman un componente esencial por la ampliación y consolidación de los derechos sociales.
Suena paradójico que el proyecto de ley presentado por el kirchnerismo, el cual busca la “convivencia en manifestaciones públicas” hable fundamentalmente de convivencia cuando en la etiología de la palabra es la acción de vivir con otros, y en la mayoría de los reclamos sociales lo que se busca es vivir a secas, dignamente, con otros millones  que sufren a diario las consecuencias de un modelo de entrega y sometimiento ante el imperialismo.
El  gobierno busca criminalizar la protesta social y reprimirla utilizado las fuerzas represivas que desde el retorno de la “democracia” hasta el día de hoy han dejado 2224 muertes, según los datos de CORREPI. Este mismo gobierno hace la vista gorda ante el accionar de esas mismas fuerzas cuando cometen delitos de lesa patria como el narcotráfico, la trata de personas, la violencia en el deporte y cientos de delitos que nuestro pueblo sufre a diario.

La iniciativa, impulsada por el diputado nacional Carlos Kunkel, junto a un grupo de legisladores del oficialismo, consta de 34 artículos que proponen establecer "reglas precisas de convivencia" para la ciudadanía ante manifestaciones públicas. El objetivo, según sostuvo el diputado, sería “saldar una deuda legítima, garantizando el derecho de los ciudadanos afectados por los cortes que causan las manifestaciones públicas”, y “garantizar el ejercicio de los derechos de libre expresión, de reunión, de peticionar ante las autoridades, de uso del espacio público, así como la libre circulación e integridad física durante su desarrollo”.
El proyecto prohíbe la portación de armas de fuego de los agentes que estén directamente en contacto directo con los manifestantes, pero establece que los agentes que la porten deberán guardar una “distancia prudente” con los mismos, cuestión que resulta demasiado ambigua.
La medida parece intentar garantizar los derechos de unos sobre los otros y evidenciar una sociedad a dos velocidades, con ciudadanos de primera, a quienes se les garantiza el libre transito por la vía publica, y ciudadanos de segunda a quienes se le garantiza la anulación de sus derechos comos seres humanos.
Entendemos que el derecho a huelga y movilización es la base fundamental para garantizar los restantes derechos ya reconocidos por la Constitución Nacional, tratados internacionales y demás leyes, y resulta de una violencia injustificada la propuesta del gobierno actual de comunicar las medidas a la autoridad policial, y de una subestimación exagerada al pueblo en la gesta de movilizaciones espontáneas producidas por la constante violación de los derechos humanos, la mentira y la falta de compromiso de los políticos que pertenecen a esta democracia.
Asimismo determina que el Ministerio de Seguridad como autoridad de aplicación, será quien evaluará la legitimidad o ilegitimidad de la manifestación. Se crea una instancia de mediación obligatoria, que, en cabeza de la autoridad ministerial, deberá resolver el conflicto en un plazo máximo de dos horas. La declaración de ilegitimidad o la falta de resolución de la instancia de mediación habilitan, según el texto, la represión inmediata de la manifestación. Es decir, las fuerzas de seguridad serán las encargadas de regular el derecho a la protesta, profundizando indudablemente la criminalización de la conflictividad social.
No podemos asumir de ninguna forma que sea una facultad del poder ejecutivo decidir la ilegalidad o legalidad de una protesta expresada a través de una manifestación popular cuando la crisis azota los bolsillos de los laburantes y ahorca a los precarizados y desocupados, mucho menos cuando de esta calificación dependa la represión.
El aumento de la protesta social es señal de descontento popular, de agotamiento de un modelo civilizatorio occidental que propone mas esclavitud, desigualdad y violencia a una sociedad que da muestras que necesita un cambio para sobrevivir, y así convivir, pero esa convivencia está muy alejada de los sectores que son parte de este modelo propositor de una vida indigna.
En nuestro sistema constitucional el ejercicio de la libertad es la regla y la excepcionalidad es la prohibición de determinadas conductas previamente anunciadas por medio de tipos penales. Si para actuar, agruparse, demandar, concentrarse, discutir colectivamente, se requiere obtener autorizaciones dependientes de la discrecionalidad administrativa, esos “permisos” y “prohibiciones” nos remiten a los formatos de estados dictatoriales y autoritarios.

Por estas razones rechazamos de plano la propuesta que busca reglamentar la protesta social y exigimos el desprocesamiento de los miles de luchadores populares, como así también la anulación de la Ley Antiterrorista.


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