La República Argentina
requiere, desde hace décadas, una seria y amplia discusión sobre la
problemática energética y, dentro de la misma, sobre el futuro de la política
hidrocarburífera. Hoy, el desfalleciente marco de la desregulación heredado de
los ’90 sigue siendo el horizonte y límite posible de las transformaciones que
se proponen los actores del sector. Gobierno nacional, provincias y empresas,
pujan en un peligroso escenario de caída estructural en materia productiva y
con el nuevo “El dorado” que nos promete la felicidad eterna: Vaca Muerta.
A continuación, compartimos
una nota de algunas cuestiones que venimos debatiendo y trabajando en la
Secretaría de Ambiente y Bienes Comunes de UP.
Por Gustavo Lahoud*
Desde comienzos de junio de
2014, autoridades del Gobierno nacional, la empresa YPF S.A. y los gobiernos
provinciales, comenzaron a discutir los ejes bajos los cuales se encararían
modificaciones relevantes al cuadro normativo existente en materia de
explotación de hidrocarburos en Argentina.
Este debate está fuertemente
determinado por la crisis energética y la fiebre que se ha desatado en
nuestro país, en torno a la explotación masiva de los hidrocarburos no
convencionales en la formación geológica Vaca Muerta, en la cuenca
neuquina.
Desde la toma de control
estratégico de YPF por parte del Estado nacional, la máxima dirección de la
compañía puso en marcha un ambicioso proyecto de inversiones en el eslabón upstream del
sector hidrocarburífero, de la mano de un proyecto piloto que se lanzó en Loma
Campana, en la formación Vaca Muerta, junto con la empresa estadounidense
Chevron International.
En los últimos meses,
se ha dado a conocer por trascendidos y borradores que circulan entre
pasillos ministeriales nacionales y provinciales una posible reforma a
la ley nacional de hidrocarburos con el fin de generalizar condiciones
promocionales para la explotación masiva de los hidrocarburos no convencionales con
eje en Vaca Muerta aunque extendido a todo el país. Esto, en el
marco de un rediseño de la política hidrocarburífera mediante la consolidación
de una estructura oligopólica y concentrada de actores empresariales nacionales
y trasnacionales, una de cuyas cabezas visibles es YPF SA. que, a grandes
rasgos, representa no más de un tercio de la estructura productiva del upstream en
el mercado hidrocarburífero nacional.
En ese contexto, se ha
suscitado una puja creciente que tiene como protagonistas centrales a
YPF y al Gobierno nacional, de un lado, y a algunas de las provincias
hidrocarburíferas del otro, fundamentalmente, Neuquén, Chubut y Mendoza. Ahora,
¿cuál es el origen de la disputa?
Uno de los aspectos
centrales que está en juego, en un sector hidrocarburífero en crisis y
controlado por un conjunto de actores cartelizados, es el control y
captación de la renta generada en los distintos eslabones del sector. Allí
se escenifica una disputa abierta entre YPF SA., que busca avanzar sobre las
empresas provinciales.
En efecto, Neuquén, a través
de la empresa pública provincial Gas y Petróleo de Neuquén es una de las
provincias que resiste más duramente las modificaciones propuestas por el
Gobierno nacional, ya que las mismas pretenden establecer nuevos criterios, de
alcance nacional a partir de los cuales se pondrán en marcha los procesos de
licitación de áreas petroleras y gasíferas, restando, en consecuencia, margen
de maniobra a las empresas provinciales para la participación en proyectos
futuros.
En concreto, esos nuevos
parámetros bajo el que funcionarían las nuevas concesiones de áreas en todo el
país, implicaría laimposibilidad de mantener áreas de reservas de
exploración y explotación para las provincias- es decir, para las empresas
provinciales-, y también la supresión de modalidades contractuales- como el
denominado acarreo- a través de las cuales las provincias pueden captar
porciones adicionales de renta, mediante el expediente de convertirse en socios
minoritarios en los proyectos de exploración y explotación sin desembolso de
capital alguno.
En ese sentido, no sólo
Neuquén, sino también Chubut, Mendoza y, en menor medida, Río Negro, aparecen
como los distritos que tienen los mayores reparos a los lineamientos esbozados
por el Gobierno nacional en los últimos meses. Además, a comienzos de agosto
del corriente año, las legislaturas de Chubut y Neuquén han realizado
pronunciamientos centrados en la defensa de la normativa legal vigente que ratifica
el dominio originario de las provincias y pone en cabeza de las mismas la
cesión de derechos de exploración y explotación, como así también el
control y el poder de policía en lo referente a las actividades económicas del
sector.
Ahora, si nos preguntamos
qué otros aspectos de las propuestas que se están estudiando pueden
visualizarse como conflictivos entre la Nación, YPF y las provincias, veremos
que, básicamente, se agotan en lo arriba señalado. Es decir que, todos
los actores que forman parte de este juego- Nación, provincias y empresas-
están embarcados en la profundización de las condiciones normativas, operativas
y financieras, para alumbrar un nuevo ciclo de extractivismo a partir de la
explotación a gran escala de los recursos no convencionales.
Allí se ve, entonces, que
hay acuerdo en generalizar los cambios ensayados a la medida del llamado
“decreto Chevron” de 2013, para el conjunto del sector hidrocarburífero
nacional. De tal modo que, se impulsa la modificación del marco normativo
de la Ley 17.319, que establece las figuras legales de las explotaciones de
hidrocarburos, hasta los nuevos mecanismos promocionales pensados para que los
grandes jugadores puedan encarar las inversiones necesarias para materializar
el “boom” de los no convencionales.
Entre las modificaciones
fundamentales que se proponen, podemos señalar las siguientes:
- Extensión de los plazos de concesión vigentes a 35
años, con posibilidad de prórroga por otros diez (adecuados para un
tipo de desarrollo intensivo de recursos no convencionales a través de la
técnica del fracking).
- Creación de la figura de la concesión
off shore, destinada a los proyectos en nuestra plataforma
continental, con plazos de extensión de la concesión de 35 años,
prorrogables por diez. Ha trascendido que, en este tipo de proyectos, se
habilitaría la disponibilidad de valor cercano al 60% de las utilidades.
Y, en estas condiciones, nos preguntamos si más que socios estratégicos,
no seremos receptores pasivos de un tipo de inversión que, además de
imponer pautas de captación de renta, nos condena a la perpetuación del
ciclo de dependencia científico-tecnológica, que es uno de los
aspectos centrales de nuestra dependencia estructural que nos ata a los
centros capitalistas mundiales.
- Extensión de beneficios promocionales para
proyectos exploratorios y productivos de recursos no convencionales que
comprometan inversiones efectivas desde los 250 millones de dólares. El
Decreto 929/2013 ya referido, establecía pautas mínimas de inversión del
orden de los 1.000 millones de dólares para acceder a los beneficios que
se otorgarían.
- Se unificaría el impuesto a los ingresos
brutos en no más del 3% del total de las inversiones comprometidas,
como así también la exención de tasas o cualquier tipo de impuesto
adicional ya sea de alcance provincial o municipal.
- Con respecto a las regalías, los ingresos más
importantes que las provincias obtienen a partir de la explotación
hidrocarburífera se mantendrían en el 12% actual con la
posibilidad de reducirlas de así establecerlo las provincias.
- En relación a los aspectos vinculados con
la regulación y control ambiental de las actividades hidrocarburíferas, la
información existente brilla por su ausencia.
Por último, en los primeros
días de julio la flamante secretaria de Energía, la ingeniera química Mariana
Matranga, ha convocado a representantes de la industria hidrocarburífera, a que
presenten sus propuestas. Según las fuentes que hemos podido recabar, las
principales propuestas que acordarían los representantes de las empresas YPF,
Pan American, Total, Petrobras, Chevron, Sinopec, Tecpetrol y Plsupetrol, entre
las firmas fundamentales, girarían en torno a lo siguiente:
- Unificar en una sola figura de concesión, sin
diferenciar entre convencional y no convencional, con un plazo de
duración de 30 años más una prórroga de 20 años.
- Promueven que las concesiones actuales –la
mayoría de las cuales vencen en 2016/17 y fueron prorrogadas al menos
hasta 2027 en la mayoría de las provincias- puedan extender su
vigencia en función de los plazos que establezca la nueva ley.
- Eliminación de las retenciones a la exportación
de crudo.
- Libre disponibilidad de los hidrocarburos que
producen.
- Libre disponibilidad de divisas, de manera tal de habilitar el ingreso y egreso
de capitales. Reconocen el sentido del Decreto 929/2013, que autoriza a
los privados a enviar fuera del país un 20% de las utilidades generadas
por proyectos de más de US$ 1000 millones de inversión, y va en la
dirección correcta, pero advierten que su alcance no es suficiente.
- Promueve la instauración de un ‘Canal
verde’ para dinamizar la importación de equipos e insumos para la industria
petrolera que no sean fabricados en el país. Sin embargo, en
relación a esta cuestión, existe ya el Decreto 927/2013, que contempla la
posibilidad de la importación libre de impuestos de bienes de capital para
la industria hidrocarburífera.
- Proponen crear un marco tributario
específico, que reduzca las regalías hasta el 5%, para los proyectos
de muy alto riesgo tanto en tierra como en el offshore.
- Sugieren habilitar una amortización
acelerada de los bienes de capitales y del reintegro del IVA.
En este contexto, no
representa conflicto alguno para la empresa “de bandera” YPF, todavía el más
grande jugador del mercado de hidrocarburos en la Argentina, plantear su propia
participación como una empresa privada más, primus inter pares,
cuyo objetivo esconsolidar su posición en un mercado oligopólico y
concentrado, con infranqueables barreras de entrada para otros
jugadores menores, lo cual la coloca en las antípodas de convertirse en un
instrumento virtuoso para el cambio de paradigma energético a la luz de
un nuevo modelo de desarrollo.
En ese sentido, en el
escenario de la pelea entre el Gobierno nacional con los fondos buitre en
torno al ya conocido fallo Griesa y ante la eventualidad que la empresa YPF y
sus socios estratégicos- léase Chevron- pudieran sufrir embargos de activos, el
Directorio de la empresa “de bandera”, emitió, en julio pasado, un sugestivo
comunicado destinado a la agencia Bloomberg en Nueva York y, por extensión, a
la comunidad inversora de los Estados Unidos, en el que manifestó, con rotunda
claridad que “YPF es una compañía independiente y así es gestionada (…)
Los activos de YPF no pertenecen a la República Argentina, por lo tanto no
pueden ser embargados por una deuda soberana.”[1]. Contundente afirmación, si las hay.
En conclusión, si se observa
el tenor de las propuestas, el accionar de los actores en este esquema en el
que funciona el sector y las perspectivas a futuro, nos encontramos en una
situación en la que, en mayor o menor tiempo, con mayores herramientas de
control del juego por parte de las empresas privadas o con alguna “ficción” de
control generada desde un Estado sin política energética, se
consolidará un nuevo esquema de saqueo del sector, en un contexto muy delicado,
en el que la República Argentina es ya objeto- y no sujeto activo- de la
planificación de los principales Estados con proyección de poder en el mundo,
en función de su dotación de recursos naturales.
*Compañero de UP CABA,
integrante de la Secretaría de Ambiente y Bienes Comunes.
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