No al aumento tarifario

ANTE EL ABUSIVO AUMENTO DE LA TARIFA DE ELECTRICIDAD.


La Asamblea de usuarios y organizaciones sociales, gremiales, sociedades de fomento, políticas, etc. llevada a cabo el 29 de enero en EL SINDICATO DE LUZ Y FUERZA DE MAR DEL PLATA convocada como consecuencia de los incrementos tarifarios registrados y aprobado mediante Res. MIVSP N° 741/08, publicada en Boletín Oficial el 19/01/09, han decidido en forma conjunta y mancomunada tomar intervención en repudio de la medida.


Las entidades evaluaron entablar una denuncia cuestionando la validez, oportunidad y conveniencia de los incrementos registrados en dicho cuadro tarifario emitido por la Autoridad de Aplicación del Marco Regulatorio Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires, respecto a la determinación de las tarifas remunerativas del servicio de distribución de energía eléctrica con base en claros fundamentos.

A) En primer lugar se cuestiona la razonabilidad de las tarifas, tanto en el ámbito provincial como nacional, remarcando que “las tarifas por los servicios suministrados por distribuidores deben ser ofrecidos a precios justos y razonables y asegurar el mínimo costo razonable para los usuarios compatible con la seguridad del abastecimiento.”

B) También se alega que si bien las tarifas deben posibilitar una razonable tasa de rentabilidad, dicha tasa debe guardar relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa. Situación que no se cumple en la actualidad toda vez que en general los servicios son prestados en condiciones deficientes, inseguras y no garantizan la calidad mínima exigida por los contratos de concesión.

C) La principal motivación de la denuncia halla su fundamento en los principios establecidos por el Marco Regulatorio Eléctrico que expresamente consagran, dentro de los derechos de los usuarios, que se les facturen sus consumos de energía eléctrica en base a valores realmente medidos, a intervalos de tiempo regulares y a precios no superiores a los que surgen de aplicar a dichos consumos, las tarifas contenidas en los cuadros aprobados por la Autoridad de Aplicación; es decir, la facturación de los consumos no puede ser aplicada a consumos ya efectuados sino a la tarifa vigente al momento de efectuarlos (principio de seguridad jurídica).

D) Asimismo, se destaca la violación al derecho a ser informado en forma clara y precisa acerca de las condiciones de la prestación, de sus derechos y obligaciones y de toda otra cuestión y/o modificación que surja mientras se realiza la misma, y que pueda afectar las relaciones entre el prestador y el usuario, situación que no se cumple desde que el usuario toma conocimiento de un aumento en el mes de enero para consumos que realizó desde el 01/10/08.

E) Tampoco se cumple la exigencia de la publicidad de las modificaciones a los cuadros tarifarios, que luego de su aprobación deben ser ampliamente difundidos para su debido conocimiento por parte de los usuarios.

F) La Asamblea denuncia la oportunidad, conveniencia y legalidad de la medida provincial toda vez que el nuevo cuadro tarifario que aprueba la Resolución 741 contiene aumentos que se originan en el traspaso a tarifa de los mayores costos de los precios de la energía en el Mercado Mayorista, los que se aplican a consumos superiores a 1.000 kw/bim., pero también incluye cargos por transporte de TRANSBA y TRANSENER que fueran autorizados por las Resoluciones ENRE 327 y 328/08, alcanzando éstos a todas las categorías tarifarias, aunque en menor escala.

Cabe aclarar que los aumentos tarifarios aplicados con retroactividad al primero de octubre del año pasado afectan a todas las tarifas vigentes y a cada uno de los usuarios.
Los aumentos observados en las tarifas T1R residenciales, son progresivos de acuerdo al consumo en porcentuales que van desde el 23 % (consumos entre 500 y 700 kw/mes) hasta el 82% (para consumos superiores a 1.400 Kw/mes).

En el caso del T1RE los aumentos van del 7 % (consumos hasta 500 kw/mes) hasta el 187% (para consumos superiores a 1.400 kw/mes).

Estos incrementos repercuten perjudicialmente en el bolsillo de los consumidores y dejan a la luz la inoportunidad de la medida en un contexto socioeconómico extremadamente difícil para todos.

Si bien desde el ámbito oficial, los aumentos fueron justificados como consecuencia de la quita de subsidios a los mayores costos de combustibles que utiliza la generación que hasta ahora solventaba el gobierno nacional, alegando la necesidad de recomponer la cadena de productos y servicios prestados en el Mercado Eléctrico Mayorista exigiendo que cada demanda abone los costos reales incurridos para abastecerla, para los usuarios, nada de ello justifica la medida.

El incremento no se muestra como un mayor ingreso a las distribuidoras sino como un sistema de pase directo a tarifa de un mayor costo de abastecimiento. Lo que dejó de pagar el Estado lo paga ahora, supuestamente en su misma incidencia, el usuario.

Esto es lo que mayormente se le critica a la medida toda vez que resulta injusto que ante el evidente fracaso del sistema privatizador, situación que se viene tratando de disimular desde el oficialismo desde comienzos de este siglo, sean solo los usuarios finales los que tengan en sus espaldas seguir solventando los desequilibrios del mercado.

La denuncia cuestiona la oportunidad y conveniencia de medidas que continúan hostigando al consumidor, que no solo le generan serios perjuicios sino que ni siquiera solucionan la cuestión de fondo, lo que hace a la decision más injustificable aún.

Asimismo, se le cuestiona a este incremento la legalidad y validez de su disposición ya que no fue producto de una revisión tarifaria como exigen las normas vigentes. Tampoco se dio la posibilidad de efectuar audiencias públicas que morigeren el impacto que ha generado en los bolsillos de los consumidores cautivos.

No es cierto que no hubo aumentos de tarifas, las mismas se han ido incrementando paulatina y muchas veces encubiertamente durante los últimos años con diversas justificaciones (cargos específicos, fideicomisos, Puree, energía plus, etc.).

Los consumidores tienen que afrontar tarifas superiores por no consumir energía eléctrica en forma regular, o por consumir poca, por consumir de más respecto de un período elegido caprichosamente como de referencia. Es decir, siempre, hagan lo que hagan pagan castigos al consumo, castigos por un sistema y un modelo que definitivamente no funciona ni ha funcionado jamás.

En conclusión, la denuncia tiene por fin reclamar una mayor equidad en la distribución de responsabilidades derivadas del fracaso del sistema y, sobre la base del imperativo de orden legal vigente, se sancionen los actos administrativos que reviertan definitivamente la situación de fondo, preservando en primer término los derechos de los consumidores y los de los trabajadores del sector eléctrico, sancionar las infracciones o incumplimientos cometidos por las empresas en la prestación del servicio público de electricidad, con una dureza tal que ya no permita mas arrebatos a quienes contribuyen con su pago a mantener el sistema eléctrico, esto es, los usuarios finales.
En consecuencia, se solicita formalmente se dejen sin efectos los incrementos arbitrarios, ilegales inoportunos, desmedidos aplicados a través de mecanismos de pase a tarifa de mayores costos, ya sea de generación, transporte o distribución y que el Estado a través de sus organismos competentes ejerza el Poder de Policía en el marco de las facultades que la Administración Pública le confiere, y exija el fiel y acabado cumplimiento de los contratos de concesión correspondientes.

Mar del Plata 29 de enero 2009

Rigane Jose Sec. Gral., en representación del Sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata

Mariano Pi De La Serra, en representación del Movimieno de Participación Popular.

Gerardo Petrarca, en representación del la Federacion de Asociaciones del Personal Jerarquico de la Republica Argentina.

Presa Norma, en representación del Partido Comunista Revolucionario.

Carvajal Nancy, en representación de Partido Obrero.

Avila Hector, en representación de Organización de Barrios Unidos en Lucha.

Britos Roberto, en representación de Alternativa Social.

Annessi Victor, en representación de Espacio Si Solidaridad e Igualdad.

Martinez Jose Manuel, Constituyente Social Mar del Plata.

Nuñez Nora del valle, en representación de Atahualpa.

Nuñez Ester, en representación de la Boblioteca Popular y Centro Cultural Centenario Barrio Bernardino Rivadavia.

Schutrumpf Guillermo, Concejal Coalicion Civica.

Agüero Jorge, Corriente Clasista y Combativa.

Garaycochea Marta, en representación de Centro Comunitaio Nuestra Sra. De Lujan.

Escudero Ruben Alberto, en representación de Movimiento Territorial Liberación.

Tonti Miguel Angel, en representación del Partido Socialista Autentico.

García Horacio, en representación de Asociación de Fomento La Gloria de la Peregrina.

Battaglia Alfredo Nicolás, en representación del Comité Regional Mar del Plata del Partido Comunista.

Forio Fernando, en representación de la Asociación de Abogados Laboralistas del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires.

Mayo José Alberto, en representación de la Asociación de Fomento Hipódromo.

Calegari Hipolito, en representación de la Sociedad de Fomento Santa Paula.

Ana Maria del Canto,en representación de Cooperativa Trabajo Pro-Pan Ltda.

Capparelli Alejandro, en representación de la Entidad denominada “Defensoria de la Tercera Edad y la Niñez”.

Albin Daniel, en representación del Partido Intransigente.

Martinez Verónica, en representación de la Corriente Intransigente Social.

Iturbe Virginia, en representación de Mesa Promotora Proyecto Sur Mar del Plata.

Ana Laura Cichilitti, en representación del Instituto de Políticas de Estado para el Desarrollo Sustentable (IPEDeS).

Juan Pablo Malagutti en representacion del Movimiento Libres Del Sur.

Facundo Villalba en representacion de Jovenes al Frente.

y siguen las firmas...