22 de octubre de 2010

Expulsan a Raya de la universidad


El trabajador no docente que estuvo involucrado en el crimen de Silvia Filler, en diciembre de 1971, el cual se desempeñaba en la Mesa de Entradas de la Facultad de Ingeniería, fue desafectado de su puesto por una decisión del rector Francisco Morea, tras un pedido de toda la comunidad universitaria
Horacio Raya fue expulsado de la Universidad. Así lo anunció el rector Francisco Morea ayer ante el Consejo Superior, al presentar la resolución de Rectorado que declara nula la designación que le permitió reingresar, a través de un concurso, como trabajador no docente en la Facultad de Ingeniería.

La intensa pelea llevada adelante por las hermanas Filler concluyó ayer de la mejor manera. Luego de siete meses de reuniones y constantes denuncias, las autoridades de la Universidad Nacional de Mar del Plata decidieron dar curso al pedido de expulsión de uno de los implicados en el asesinato de la joven estudiante de arquitectura, Silvia Filler, durante una asamblea en diciembre de 1971.
La decisión fue concreta: dejar sin efecto la designación realizada por Rectorado mediante la cual Raya volvía al ámbito académico, esta vez como trabajador.
A lo largo de estos meses, Lila y Marta Filler fueron implacables en el pedido: Raya no podía continuar dentro de la Universidad. Sus voces se hicieron escuchar en cada una de las oficinas correspondientes, sin embargo las respuestas no eran alentadoras.
La indignación propia de la desazón de sentirse, una vez más, víctimas de la impunidad, las llevó a denunciar el tema ante la comunidad universitaria.
Un mail fue el detonante. Así comenzaba el principio del fin para Horacio Raya. La Asociación del Personal de la Universidad de Mar del Plata (APU), tomó la posta. Uno de sus agremiados era el señalado. Cabían dos posibilidades: actuar corporativamente o analizar la situación bajo la lupa democrática y con la intención de no permitir un acto de impunidad dentro de la Universidad.
La segunda opción fue la elegida. Así comenzó una minuciosa investigación buceando en los expedientes académicos nacidos entorno de los hechos: una Resolución de Rectorado de 1972 y su ratificación a manos del Consejo Superior en 1973 fueron la clave.
En esos documentos figuraban declaraciones del propio Raya en las que admitía haber sido parte de reuniones con grupos de la CNU a quienes les pidieron expresamente que intervinieran para romper la asamblea estudiantil de aquel fatídico 6 de diciembre. También en esos documentos, quedaba la constancia de la expulsión de Raya de la Universidad por su vínculo con el crimen de Silvia Filler.
A la denuncia de las hermanas Filler, recogida por APU, se sumó la adhesión no sólo de la comunidad universitaria, sino también de más de 400 organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que demostraron la vigencia simbólica del caso Filler.
El reclamo trascendió la Universidad y eso fue todo un logro. Las miles de cosas que suceden dentro del espacio universitario suelen quedarse en ese entorno y la sociedad –por acción u omisión- no participa.
El crimen político de Silvia Filler no fue un hecho más. Fue la bisagra en términos subjetivos para que muchos sectores decidieran comprometerse para que las cosas cambien. La dictadura cívico militar arrasó gran parte de esa generación. Sin embargo durante estos días muchos fueron los jóvenes que se plegaron para pedir justicia por el caso Filler.
Ayer mientras el rector anunciaba la resolución ante el Consejo Superior en el edificio de Rectorado -25 de Mayo y Mitre- a sólo 200 metros organizaciones sociales repudiaban el crimen de Mariano Rodríguez ocurrido el miércoles en Barracas. La paradoja de la historia permiten comparar: una vez más, como en diciembre de 1971, la derecha acude a patotas para resolver conflictos gremiales.
La historia de los pueblos se construye sobre la base de las luchas anteriores. La memoria es parte de eso. Ayer, la expulsión de Raya de la Universidad, fue una muestra clara de que la impunidad y el olvido ya no tienen lugar.
“SE HIZO JUSTICIA”
“Por fin se hizo justicia”. La voz de Lila Filler, sonaba del otro lado del teléfono envuelta en la satisfacción de haber alcanzado el objetivo: hacer justicia en memoria de su hermana.
Junto a Marta, ayer temprano en la mañana se dirigieron a la sesión del Consejo Superior. Juntas como a lo largo de todo este extenso camino nacido en la tragedia allá por 1971, se hicieron presentes en la reunión con la esperanza de tener alguna respuesta.
En el pasillo se encontraron con uno de los miembros de la gestión y allí les adelantó que la decisión estaba tomada: Raya sería desafectado de la Universidad.
Lo que siguió fue la reafirmación del anuncio. El rector Morea delante de los consejeros superiores leyó parte de la resolución.
A las palabras del rector siguieron la de los consejeros alumnos, docentes, graduados y no docentes que demostraron su total adhesión a lo definido por el rector.
El secretario general de APU, Sergio Mendoza, resumió lo ocurrido en pocas palabras: “Lo que se logró es la reparación histórica para la familia Filler y para toda la Universidad. Esto va a cambiar la historia de la Universidad en relación a estos temas”.

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